Cese de la Usurpación y cumplimiento del deber y la Responsabilidad de Proteger (R2P)

Estimados amigos,

Un importante número de distinguidos venezolanos se constituyeron como proponentes de esta iniciativa para una Consulta Popular que mueve al pueblo a exigir el Cese de la Usurpación de Nicolás Maduro Moros y solicitar a la Comunidad Internacional el cumplimento del deber y la Responsabilidad de Proteger (R2P) a los venezolanos, tal y cual se comprometieron los países signatarios de la ONU en la Cumbre de las Naciones Unidas de septiembre año 2005. La Alianza Nacional Constituyente Originaria, ANCO es la principal promotora de esta iniciativa, conjuntamente con un distinguido grupo de venezolanos.

Personalidades de indiscutible reconocimiento nacional e internacional, la Dirección Nacional de ANCO, y sus principales dirigentes a nivel nacional, acompañan este documento como proponentes de la iniciativa para ser presentada al pueblo de Venezuela en este día donde conmemoramos el 19 de abril de 1810, fecha que marcó el inicio de nuestra Independencia como Nación libre y soberana, pero sobre todo, fecha donde el pueblo decidió la destitución de su gobernante a favor de un gobierno libre y autónomo. ¡Qué mejor fecha para presentarles a los venezolanos esta propuesta!

Todos aquellos que nos deseen acompañar con su firma, por favor visiten Change.org, en el siguiente enlace: http://chng.it/jhtctxLH

Reciban un cordial saludo,

Alianza Nacional Constituyente Originaria, ANCO

Caracas, 19 de abril de 2019

El pueblo ordena

el cese de la usurpación

y solicita el cumplimiento del deber y la Responsabilidad de Proteger (R2P)

“Si los venezolanos no toman acciones contundentes, se verán destinados a repetir la historia cubana”

Luis Almagro,  Secretario General de la OEA 

“Si el imperio de la ley se ve socavado no solo en un país, sino en muchos países, quienes lo defienden no se pueden limitar a emplear únicamente medios y arbitrios nacionales. Si los enemigos del progreso y de los Derechos Humanos procuran servirse de la apertura y las posibilidades que brinda la mundialización para lograr sus fines, nosotros debemos servirnos de esos mismos factores para defender los Derechos Humanos y vencer a la delincuencia, la corrupción y la trata de personas”

Kofi A. Annan

Prefacio de la Convención de Palermo, Noviembre de 2000

Conscientes de la gravísima situación por la que atraviesa nuestro país, afectado por horrendos crímenes de lesa humanidad como los que se cometen a diario contra nuestra infancia y nuestros seres más desvalidos, un grupo de ciudadanos nos hemos constituido con la finalidad de hacer una propuesta que permita la intervención humanitaria y acelere el proceso de desalojo de la tiranía con la firmeza y la rapidez que exigen las dolorosas circunstancias que sufrimos, fundamentados en la aplicación del Principio de la Responsabilidad de Proteger (R2P) establecido por la Organización de Naciones Unidas ONU en el año 2005. Esta propuesta es complementaria con la agenda establecida para la aplicación progresiva del Estatuto que rige la Transición Democrática para restablecer la vigencia de la Constitución (Artículo 2), con el propósito de darle un término definitivo a la tiranía que aflige a Venezuela, a través de la ruta propuesta que incluye (1) el cese a la usurpación, (2) un gobierno de transición y (3) elecciones libres, constituyéndose en un instrumento efectivo para que el pueblo exprese mediante el sufragio su respaldo al gobierno legítimo del Presidente Encargado Juan Guaidó Márquez.

Nuestro país expuso la catástrofe a la que ha sido conducida con el colapso definitivo de los servicios públicos básicos (electricidad, agua, salud, seguridad), aviesa, consciente y sistemáticamente provocado para someternos a la tiranía; la emigración masiva jamás vivida por pueblo latinoamericano alguno, que ya alcanza los 4 millones de desterrados; la masacre a la etnia Pemón y de todos aquellos que protestan pacíficamente por su derecho a una vida digna; la ocupación del territorio fronterizo por parte de bandas paramilitares; la presencia inconsulta e inconstitucional de tropas invasoras cubanas, rusas y chinas, así como la acción incesante  de  la narco guerrilla transnacional, del islamismo talibán y los sindicatos internacionales del crimen organizado, auspiciada por el régimen, todo lo cual nos obliga, tal cual insta y conmina el Secretario General de la OEA, Dr. Luis Almagro, a que los venezolanos asumamos directamente nuestra histórica responsabilidad en la solución de los graves problemas que afrontamos en defensa de nuestros Derechos Humanos, la sobrevivencia de la República y el Estado de Derecho que le es inherente. De lo contrario, Venezuela se extinguirá para convertirse en el primer estado totalitario de Tierra Firme al servicio de la expansión del castrocomunismo y las guerrillas y el terrorismo islámico en toda la región, convirtiéndose en el principal factor de inestabilidad y foco de confrontación bélica global en Occidente.

En tal sentido, PROPONEMOS que el pueblo, único depositario de nuestra soberanía, la ejerza directamente asumiendo su obligación de colaborar de manera efectiva con el restablecimiento del orden constitucional, según lo contemplado en el Artículo 333 de nuestra Carta Magna, autorice y legitime la intervención humanitaria de la Comunidad Internacional mediante la invocación del Principio de la Responsabilidad de Proteger (R2P) de los Estados miembros de las Naciones Unidas (ONU), y lo haga realidad mediante una Consulta Popular de todos los venezolanos, tanto en el interior del país como en el exterior,  que permita potenciar la sociedad civil y activar el accionar de la Comunidad Internacional para detener los crímenes contra los Derechos Humanos que comete impunemente el tirano Nicolás Maduro Moros.

Esta modalidad de aplicación del Principio de la Responsabilidad de Proteger (R2P) es completamente inédita en el mundo. Nunca antes un pueblo ha manifestado masivamente, a través del poder que le confiere su Soberanía, la urgencia de ser socorrido para detener la comisión de crímenes en contra de los Derechos Humanos de sus ciudadanos por parte de quienes detentan el poder, y más aun cuando este poder no es ejercido por un gobierno legítimo sino por una mafia criminal que lo ha asaltado y se niega a abandonarlo por las vías pacíficas y constitucionales. Ello aumenta considerablemente la obligación moral y política de las naciones de tomar decisiones para proteger los Derechos Humanos de los venezolanos.

Venezuela se encuentra en una situación de Emergencia Humanitaria Compleja y frente a la comisión sistemática de crímenes  de lesa humanidad que causan sufrimiento y dolor a millones de ciudadanos. La muerte infantil y materna, la desnutrición severa con más del 50% de niños que no van a la escuela, así como el éxodo masivo de la población, y la privación del acceso a alimentos para las grandes mayorías pobres, se le considera un crimen de exterminio. La inacción aumenta el peligro y el riesgo para los venezolanos, siendo el problema cada vez más grave y difícil de enfrentar.

A través de la Consulta Popular que proponemos, los venezolanos queremos manifestar ante el mundo nuestra autodeterminación, y ejercer directamente nuestra soberanía –Principio de Autodeterminación de los Pueblos- exigiendo la ayuda internacional, a la cual está obligada moral y políticamente la Comunidad Internacional de acuerdo a una decisión normativa de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en su Cumbre del año 2005. De esta manera el pueblo venezolano asume directamente la solicitud de ayuda de la Comunidad Internacional a los fines de restablecer la soberanía estatal en el territorio de la República (Art. 29 del Estatuto de la Transición).

De acuerdo a nuestra Constitución, la Consulta Popular constituye uno de los “medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía”, que, junto a la Asamblea de Ciudadanos, escapan -como fenómeno social, político y democrático- a la convocatoria y organización de los Órganos del Estado, ya que, a ella –la soberanía- están sometidos. Esto fundamenta la promoción, organización  e implementación de esta iniciativa de manos de la Sociedad Civil, razón por la cual la presentamos a la consideración del Pueblo de Venezuela.

Preguntas

1.- ¿Ordena usted, el cese inmediato de la usurpación de los poderes presidenciales que ejerce Nicolás Maduro Moros, por ser contrario a la Constitución el proceso electoral celebrado el 20 de mayo de 2018? (*)

2.- ¿Solicita usted, que la Comunidad Internacional haga efectivo el compromiso suscrito en la Reunión Cumbre de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) del año 2005 donde asumieron la obligación y la  Responsabilidad de Proteger (R2P) a las poblaciones de los crímenes de lesa humanidad, y que tomen medidas inmediatas y efectivas, con el objetivo de proteger y socorrer al pueblo, realizando las acciones que fueren necesarias para detener las gravísimas y continuadas violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela? (**)

(*) Los ciudadanos de Venezuela, emiten esta orden del cese de los poderes presidenciales usurpados por Nicolás Maduro Moros, basados en el principio de soberanía popular, invocando el principio de autodeterminación de los pueblos y actuando conforme a lo previsto en los artículos 5, 22, 23 y 70 de la Constitución.

Artículo 138. Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos.

Artículo 225. El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente o Presidenta de la República, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, los Ministros o Ministras y demás funcionarios o funcionarias que determinen esta Constitución y la ley.

Artículo 228. La elección del Presidente o Presidenta de la República se hará por votación universal, directa y secreta, en conformidad con la ley. Se proclamará electo o electa el candidato o candidata que hubiere obtenido la mayoría de votos válidos.

(**) Con base en el principio de soberanía popular y los artículos 5, 22, 23 y 70 de la Constitución, y en la obligación de Responsabilidad de Proteger que tienen los Estados de la Comunidad Internacional para con el pueblo de Venezuela, conforme a la doctrina de la Organización de Naciones Unidas (ONU), contenida en el documento final de la Cumbre de Septiembre de 2005 de la ONU (Numerales 138 y 139). El compromiso R2P estipula que:

1. El Estado tiene la responsabilidad primordial de proteger a la población del genocidio, los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y limpieza étnica.

2. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de ayudar a los Estados en el cumplimiento de esta responsabilidad.

3. La comunidad internacional debería utilizar los medios diplomáticos, humanitarios y otros pacíficos para proteger a las poblaciones de estos crímenes. Si un Estado no protege a sus poblaciones, o es en realidad el autor de los crímenes, la comunidad internacional debe estar preparada para tomar medidas más fuertes, incluyendo el uso colectivo de la fuerza a través del Consejo de Seguridad de la ONU.

Es público, notorio y bien conocido por la Comunidad Internacional y por las autoridades de las Naciones Unidas mediante los reportes de su Alto Comisionado para los Derechos Humanos, relativos a la observación de los Derechos Humanos en Venezuela, entre ellos los titulados “Violaciones y Abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela de 1 de abril al 31 de julio de 2017” (Agosto 2017) y “Violación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin” (Junio 2018), todos ellos evidencian la violación de Derechos Humanos, y que han sido utilizados como pruebas ante la Corte Penal Internacional. El último fue remitido directamente por el Secretario General de la OEA, con lo cual queda demostrado que las estipulaciones 1 y 2 de esta norma (R2P) han sido incumplidos sistemáticamente por el Estado venezolano, actualmente usurpado por el régimen de Nicolás Maduro.

En tal sentido, la “población venezolana” puede (y debe) “solicitar” la acción de “los gobiernos de los países” firmantes cuando quien ejerce el poder no nos está protegiendo de los crímenes de lesa humanidad y es el autor de los citados crímenes. Más información: Sitio web oficial de la Cumbre 2005: http://www.un.org/spanish/summit2005.

Proponentes:

Abreu	Juan Manuel
Abril	Zaida
Acevedo	Luis
Acosta	Carolina
Acosta	Humberto
Aguana	Luis Manuel
Aguilar	Carlos
Aguilera	Marisol
Alarcon	Alexander
Albanes	Teresa
Albarracín	Manuel
Albarrán	Delia
Albornoz	Loreto
Alcalde	José Alberto
Alcalde	Marianela
Alcázar	Laura
Altuve	Pierina
Alvarado	Maritere
Alvarado R.	Rosa Amarilis
Alvarez Paz	Oswaldo
Alviarez	Cesar
Andarcia Febres	Simón
Antonio Santos	Antonio
Aponte	Neptali
Araque	Jorge
Araque Ramírez	Ciro Orlando
Araujo	Gidder René
Ardila Ardila	Gotardo
Arellano	Nancy
Aristeguieta Gramcko	Enrique
Arleo	Humberto
Arnal	María Elena
Arreaza	Mari Sol
Arria	Diego
Arteaga Sanchez	Alberto
Azabache	German
Balán	Aura
Balán	Ivonne
Balán	Leonel
Balán	Luisa
Balán	Maria del Valle
Barrera	Zulay
Barreto	Luis
Barreto	Raúl
Barroso	Jonathan
Barroso	Joan
Bastardo Rojas	José Nazareth
Bautista	Alejandro
Bautista	Alejandro
Becerra	Hinderburgo
Becerra	Miguel
Becerra	César
Beke	Lazlo
Bermúdez	Nathaly
Bernal	Carlos Alvarez
Berro Velásquez	Jesús Alberto
Betancourt	Francisco
Betancourt Oteyza	Luis
Blanco	Jose Domingo (Mingo)
Bogado	Talis
Bonilla	Carlos
Bravo	Jose
Briceño	Nancy
Buitrago	Ramón
Bujana Saldivia	Riad
Burgos	Ernesto
Bustamante	Maria Eugenia
Bustamante	Luis
Bustamante	Maryely
Cáceres	Claudia
Cala	Aura
Calatrava	Elizaine
Camacho	Luddy
Camargo	Ingrid
Camargo	Nayda
Cantón	Víctor
Cardenas	Gudila
Cárdenas	Jesús
Cárdenas	Alberto
Cárdenas	Eva
Cárdenas	José Eliseo
Cárdenas	Juan Carlos
Cárdenas	Elina
Cárdenas	Fabiana
Cárdenas	Juan
Cárdenas	Hugo
Cárdenas	Carlos
Cárdenas	Marlene
Cárdenas	Nerza
Cárdenas	Carolina
Caro	Jessica
Carrasquel	Julia
Carrera	María
Carrero	Filadelfio
Carrillo	Leonilde
Carrillo	Rosalba
Carvajal	Felipe
Castañeda	Jesús
Castañeda	Wendy
Castañeda	Susan
Castellano	Jesús
Castellanos	Nicolás
Castro	Mary
Chacón	Raquel
Chacón	Hemilmary
Chacón	Omaira
Chacón	Belkis
Chirino	María
Clavijo	Mirella
Clemente	Jessica
Colmenares	Antonio O.
Colmenares	Lourdes
Colmenares	Doraida
Colmenares	Francisco
Colmenares Finol	Enrique
Colmenares Finol	Eduardo
Concha	Alicia
Contreras	Fernando
Cordero	Ángel
Coronil Hartmann	Alfredo
Corredor	Esteban
Cortés	Miguel
Cruz	Rodrigo
Curiel Rodríguez	José
De Guanipa	Omaira
De Manrique	Lucy
De Mora	Delia
De Pablos	Ana
De Rivas	Elsbe
De Vargas	Aura
De Villegas	Esther
Del Nogal	Miguel
Delgado	Ilander
Delgado	Eleonora
Denis	Daniel
Díaz	Euridice
Díaz	Maria Fernanda
Díaz	Mario
Díaz Landaeta	William
Dominguez	Luis
Dominguez	William
Duarte	Eduar
Duque	Rosa
Duque	Gabriel
Duran	Ineride
Escalante	Henrry
Escalante	Luis
Escovar	Paúl
Eslogiodidice	Isabel
España	Skarlys Coromoto
Farías	Luis Balo
Febres Conde	Rosa Iraida
Federico	Zoraida
Fernández	Marina
Ferrín Aristeguieta	Jesús Manuel
Figueredo Pérez	Yorvelina
Figueroa	Daniel
Flores	Luis Hernàndez
Flores	Olga
Freitez Romero	Pedro
Gabaldon	Adalberto
Gabaldon	Arnoldo
Galeaci	José Luis
Gamboa Marín	Jesús
Gámez	Siempre
García	Rafael
García	Miriam
García	Juan Pablo
García	Joanna
García	Carlos
García	Jhonny
García	Maribel
García	Richard
García	Yesenia
García	Javier
García	Alba
García	Diego
Garcilozo	Beatriz
Giaconsa	Andrés
Giménez Alvarado	Elizabeth
Godás	Alejandra Mabel
Godoy-Vizcarrondo	Ricardo
Goldstein	Joyce
Gomez	Ruben
Gómez	Santos
Gómez	Gerardo
Gómez	Pedro
Gómez	Zuleina
Gonzales	Jesús
González	Diego
González	Jairo
González	Gastón
González Rosas	Hernan
Granadillo	Hugo
Granados	Luis Francisco
Granados	Carlos
Grooscors Caballero	Rafael
Guerra	Yalide
Guerra	Rafaela
Guerra	Juan
Guerrero	Mauricio
Guerrero	María
Guillén	Miguel
Guilles	Robert
Gutiérrez	Alí
Gutiérrez Díaz	Carlos
Gutiérrez R.	Juan Rafael
Harb	Maria
Hennaoui Salah	Tawfik
Henriquez	William
Hermoso de Herrera	Josefina
Hernandez	Zoraida
Hernández	Maria Gabriela
Hernández	Ileana
Hernández	Jorge
Hernández	Rafael
Hernández	Loreisis
Hernández	Andrea
Hidalgo	Jesús
Hinojoza	Fernando
Hurtado	Juan
Idrogo	Celenia
Idrogo	Isaura
Jaimes	Carolina
Jaimes	Luis
Jáuregui	José
Junco	Víctor
kellerhoft	Clara
Ladera	Rafael
Lamus	Aída
León	Vladimir
Levy	Sary
Liliana Sierra	Liliana
Linares	Hector
Lira	Raúl
Lobo	Rosa
López	Carolina
López	Rafael Ernesto
López	Víctor José
López	Milagros Victoria
Lòpez	Elieser
López de Korín	Ana María
López de Nieves	Ximena María
López Ramírez	Aquiles
López Valverde	Ynna
López Valverde	Guaicaipuro
Lòpez Valverde	Yraíma
López Yanes	María Gabriela
Luzardo	Victor
Malaver	Manuel
Maldonado	Cristian
Maldonado	Laura
Maldonado	Tatiana
Maldonado	María Cristina
Maldonado O	Francisco
Manzano	Carlos
Marcano	Francia
Mármol de León	Blanca Rosa
Marquett	Daruich Enrique
Márquez	Lourdes
Márquez	Pedro
Márquez	Oscar
Márquez	Leonardo
Márquez	Ada Marina
Márquez	José Lizardo
Márquez	Gustavo
Márquez Rondón	Oscar Walter
Martinez	Pedro
Martínez	Nohelia
Martínez	Roxana
Martínez	Eduardo
Martínez	Leonardo
Massip	Nury
Matamoros	Sergio
Medina	María
Medina Moreno	Elba Yudith
Mendez	Moisés
Méndez	José
Méndez	José Luis
Mendoza	Álvaro
Merchan	Joanna
Merchan	Juan
Mesa	Gladys
Mijares	Delfín
Mohamed	Jhon
Molina	Marixa
Moncada	Arístides
Monroy	Erik
Monroy	Adolfo
Montaleo	María
Montañez	Gonzalo
Montaño	Henry
Montoya	José
Montoya	Jeannett
Mora	Ana
Mora	Janeth
Mora	Numa
Mora	Edilia
Mora	Gerardo
Mora	Yolanda
Mora	Bianca
Mora	Juan Manuel
Mora	Luis David
Morales	Jacovelin
Moreno	Elvia
Moreno	Durvis
Moreno	Darling
Moreno	Victoria
Mosquera	Genaro
Nava	Elsa
Navas	Eva
Nieto	Nelly
Nieto	Olivo
Niño	Francisco
Nuñez	Aide
Ochoa	Luis Alfonso
Ochoa	Geobany
Olano	Edwin
Oliveros	Milton
Omaña	Cesar
Omaña	Karina
Omaña de Barrios	Laura Cecilia
Oropeza	Luis José
Ortega	Félix
Ortega	Marisol
Ospina	Ligia
Otene	Pedro
Padilla	Carlos
Palacios	Yolanda
Palomino	Reinaldo
Parra	Judith
Parra	Laura
Parra	Yancy
Pérez	Isidoro
Pérez	Juan Gómez
Pérez	Tibisay
Pérez	Oscar
Pérez	Jonel
Perez Osuna	Nitu
Pernía	Maria Amparo
Pernía	Pedro Luis
Picón	Jairo
Pineda	Rommel
Pinto	Marta
Pinzón	Mercedes
Prato	Maria Victoria
Primera	Adolfo
Pulido	Melquíades
Putignano	Giovanni
Quiñones	Ingrid
Ramia	Carmen
Ramirez	Orlando
Ramírez	Silvia
Ramírez	Ciro
Ramírez	Javier
Ramírez	Orlando
Ramirez Rosales	José Oscar
Ramírez	Elio
Rangel	Alexis
Rebolledo	Víctor
Renaud R.	César Octavio
Reyes	Evelin
Reyes	Waldropp
Rincón Niño	Chiquinquirá
Rincones	Iraima
Ríos	Rodolfo
Rivas	Arcelia
Rivas	Yajaria
Rivas	Rubén
Rivas Monroy	José Luis
Rivero	Yndelgar Coromoto
Rivero	Frank
Roa	Carmen
Roa	Judith
Roa	Anyely
Roa	Eliseo
Roa	Eliana
Roche	Agatón
Rodriguez	Antonio
Rodríguez	Saiben
Rodríguez	Jose María
Rodríguez de Arreaza	Marlene
Rodríguez Iturbe	Jose Benjamín
Rodríguez Peraza	Liberto
Rodríguez Peraza	Luis José
Rojas	Elí
Rojas	Lorena
Rojas	Gilberto
Romero	Jorge
Romero	Marbella
Romero	Yoly
Romero	Francisco
Ron Troconis	Wilfredo
Rosales	Luz Marina
Rosales	Amalia
Rossi	Lilia
Rossi	Maria José
Ross-Jones	James
Rugeles	Lilia
Rugeles	Marisol
Ruíz	Graciela
Ruíz	Pedro
Ruiz Guzmán	José Feliz
Saez	Sergio
Salas	Nancy
Salas	José Luis
Salas	Carlos
Salas	Hilda
Salas	José Luis
Salas	Rafael
Salas	Zulys
Salcedo	Lizette
Salinas	Armando
Sánchez	Daniel
Sánchez	Luz Iraima
Sánchez	Héctor
Sánchez García	Antonio
Sandia	Luzdary
Santil	Ronal
Santos	Alejandra
Santos	Alberto
Santos	Willian
Scott Veláquez	Andrés
Sierra	Héctor
Siveira Bolivar	José Napoleón
Solano	Jairo
Soler	Porfirio
Sosa	Rolando
Suarez	Elluz
Torres	Freddy
Torres	Catherine
Torres	Judith
Trejo	Aime
Urbina	Ana
Urbina	Yirley
Urribarri	Rafael
Urrieta	Pedro
Useche	Xiomara
Uzcanga	Illargis
Valera	José Nicolás
Valero	Carlos
Valero	Daniela
Valero	Diana
Valero	Alba
Valverde de López	Carmen
Varela	Anita
Varela	Sixto
Vargas	Jesús
Vechione	Maria
Vega	Marilyn
Vega	Maikel
Veitía	Guillermo
Velasco	Juan Carlos
Velasco	Maria Eugenia
Velázquez	Rito Segundo
Veracierta	Edith
Vermilio	Andrés
Vigilanza	Adriana
Viloria	Beatriz
Virguez G.	Yolimar Maritza
Yary Caedozo	Jacqueline del Carmen
Yoris de Rojas	Gloria
Zambrano	Belkis
Zambrano	Candy
Zapata	Beatriz

Traducción al Inglés

English Translation

The people demand

the end of the usurpation

and call for compliance with the duty and Responsibility to Protect (R2P)

"If Venezuelans do not take decisive action, they will be destined to repeat Cuban history." Luis Almagro,  Secretary General of the OAS

"If the rule of law is undermined not only in one country but in many countries, those who defend it cannot limit themselves to employing only national means and arbitrations. If the enemies of progress and Human Rights seek to serve themselves of the openness and possibilities that globalization offers in order to achieve their ends, we must use those same factors to defend Human Rights and defeat crime, corruption and mistreatment of persons.”

Kofi A. Annan

Preface to the Palermo Convention, November 2000

Aware of the very serious situation our country is going through, affected by horrendous crimes against humanity such as those committed daily against our children and our most helpless compatriots, a group of citizens has been formed with the aim of making a proposal that allows humanitarian intervention and accelerates the process of the tyranny's eviction with the firmness and speed required by the painful circumstances we suffer, based on the application of the Principle of Responsibility to Protect (R2P) established by the United Nations Organization UN in 2005. This proposal is complementary to the agenda established for the progressive application of the National Assembly’s legislated Statute Governing the Democratic Transition to re-establish the validity of the Constitution (Article 2), with the purpose of providing a definitive end to the tyranny that afflicts Venezuela, by means of the proposed route that includes (1) cessation of the usurpation, (2) a transitional government and (3) free elections, constituting itself as an effective instrument for the people to express through suffrage their support to the legitimate government of President Juan Guaidó Márquez.

Our country exposed the catastrophe to which it has been led with the definitive collapse of basic public services (electricity, water, health, security), perversely, consciously and systematically provoked to submit us to tyranny promoting the massive emigration never before experienced by any Latin American people, and which has already reached 4 million exiles. The regime has sponsored: the massacre of the Pemón ethnic group and of many all those who peacefully protest for their right to a dignified life; the occupation of the border territory by paramilitary gangs; the unconsulted and inconstitutional presence of invading Cuban, Russian and Chinese troops, as well as the incessant actions of transnational narco-guerrilla, Taliban Islamism and of international organized crime syndicates. This situation obliges us Venezuelans, as the Secretary General of the OAS, Dr. Luis Almagro, urges and intimates us, to directly assume our historic responsibility in the solution of the serious problems we face in defense of our Human Rights, and the survival of the Republic and the Rule of Law that is inherent to it. Otherwise, Venezuela will extinguish, to be converted into the first Tierra Firme totalitarian state at the service of the expansion of castro-communism and guerrillas and Islamic terrorism throughout the region, becoming the main factor of instability and the focus of global hostile confrontation in the West.

Consequently, WE PROPOSE that the people, sole depository of our sovereignty, exercise it directly, assuming their obligation to collaborate effectively with the restoration of Constitutional order as contemplated in Article 333 of our Magna Carta, and authorize and legitimize the humanitarian intervention by the International Community through the invocation of the Principle of the Responsibility to Protect (R2P) of the Member States of the United Nations (UN). The People's exercise of sovereignty would be realized through a Popular Consultation of all Venezuelans, both within the country and abroad, promoting civil society empowerment and promoting the International community to take action to stop the crimes against human rights committed with impunity by the tyrant Nicolás Maduro Moros.

This modality of application of the Principle of Responsibility to Protect (R2P) is completely unprecedented in the world. Never before have a people manifested massively -exercising their power conferred by sovereign right- the urgency of being helped to stop the commission of crimes against the Human Rights of its citizens by those who hold power, even more so when this power is not exercised by a legitimate government but by a criminal mafia that has assaulted it and refuses to abandon it by peaceful and constitutional means. This considerably increases the moral and political obligation of nations to take decisions to protect the Human Rights of Venezuelans.

Venezuela is in a situation of Complex Humanitarian Emergency while facing the systematic commission of crimes against humanity that cause suffering and pain to millions of citizens. Child and maternal death, severe malnutrition with more than 50% of children not attending school, as well as the massive exodus of the population, and the deprivation of access to food for the great majority of the poor, is considered a crime of extermination. Inaction increases the danger and risk for Venezuelans, the problem being increasingly serious and difficult to face.

Through the Popular Consultation that we propose, we Venezuelans want to demonstrate our self-determination before the world, and directly exercise our sovereignty -the Principle of a People's Right to Self-determination- demanding international aid, which the International Community is morally and politically obliged to provide according to this rule binding Principle (R2P) decided by the United Nations (UN) at its 2005 Summit. In this way, the Venezuelan people directly assume the request for help from the International Community in order to re-establish State sovereignty in the territory of the Republic (Art. 29 of the Statute Governing the Democratic Transition).

According to our Constitution, the Popular Consultation constitutes one of the "means of participation and protagonism of the people in the exercise of their sovereignty", which, together with the Citizens' Assembly, escapes -as a social, political and democratic phenomenon- the convocation and organization by the State Organs, since they themselves are subject to its sovereignty.  This constitutional right provides the foundation for the promotion, organization and implementation of this initiative by the effort of Civil Society, which is why we present it for the consideration of the People of Venezuela.

Questions

1.- Do you mandate the immediate cessation of the usurpation of presidential powers exercised by Nicolás Maduro Moros, because the electoral process held on May 20, 2018 is contrary to the Constitution? (*)

2.- Do you request that the International Community make effective the commitment subscribed in the Summit Meeting of the United Nations Organization (UN) of the year 2005 where they assumed the obligation and the Responsibility to Protect (R2P) the populations from the crimes against humanity, and that they take immediate and effective measures, with the objective of protecting and helping the people, carrying out whatever necessary measures to stop the very serious and continued violations to the Human Rights in Venezuela? (**)

(*)

The citizens of Venezuela issue this mandate for the cessation of the presidential powers usurped by Nicolás Maduro Moros, based on the principle of popular sovereignty, invoking the Principle of the People's Right to Self-determination, and acting in accordance with the provisions of Articles 5, 22, 23 and 70 of the Constitution.

Article 138 (C). Every usurped authority is ineffective and its acts are null and void.

Article 225 (C). The Executive Power is exercised by the President of the Republic, the Executive Vice President, the Ministers and other officials determined by this Constitution and the law.

Article 228 (C). The election of the President of the Republic shall be by universal, direct and secret ballot, in accordance with the law. The candidate who has obtained the majority of valid votes shall be proclaimed elected.

(**)

Based on the principle of popular sovereignty and Articles 5, 22, 23 and 70 of the Constitution, and on the obligation of Responsibility to Protect (R2P) that the States of the International Community have towards the Venezuelan people, in accordance with the doctrine of the United Nations (UN), contained in the final document of the September 2005 UN Summit (Numerals 138 and 139).

The R2P commitment stipulates that:

1. The State has the primary responsibility to protect the population from genocide, war crimes, crimes against humanity, and ethnic cleansing.

2. The international community has a responsibility to assist States in fulfilling this responsibility.

3. The international community should use diplomatic, humanitarian and other peaceful means to protect populations from these crimes.  If a state does not protect its populations, or is in fact the perpetrator of the crimes, the international community must be prepared to take stronger measures, including the collective use of force through the UN Security Council.

It is public, notorious, and well known to the International Community and the United Nations authorities, through the reports of its High Commissioner for Human Rights related to the observation of Human Rights in Venezuela, among them the entitled: "Violations and Abuses of Human Rights in the Context of the Protests in the Bolivarian Republic of Venezuela from April 1 to July 31, 2017” (Aug. 2017) and "Violation of human rights in the Bolivarian Republic of Venezuela: a downward spiral that seems to have no end" (June 2018), that all of the Reports­ are evidence of the violation of Human Rights, and have been used as such before the International Criminal Court. The last one was sent directly by the Secretary General of the OAS, which shows that stipulations 1 and 2 of this norm (R2P) have been systematically violated by the Venezuelan State, currently usurped by the regime of Nicolás Maduro.

In this sense, the "Venezuelan population" can (and should) "request" the correspondingly appropriate actions of "the governments of the signatory countries" when those who exercise power are not protecting us from crimes against humanity and are the perpetrators of these crimes. 

More information:

Official website 60/1. 2005 World Summit Outcome: https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/60/1­