Al pueblo venezolano, a la Comunidad Internacional y al régimen que encabeza Nicolás Maduro.
CONSTITUYENTE EN 2022; PRESIDENCIALES EN 2024.
ATENDER EL SUFRIMIENTO DE LA GENTE ES LO PRIMERO
“Solo un muy reducido número de venezolanos que tienen asegurados sus tres golpes (desayuno, almuerzo y cena) y su bolsillo lleno, pueden sentarse a contemplar con tranquilad si Venezuela supera o no su crisis en 2024; para millones de venezolanos, esperar es pecado de muerte”.
La Directiva Nacional y las Directivas Regionales de la Alianza Nacional Constituyente Originaria (ANCO), ante los anuncios de la Comunidad Internacional en la llamada “Síntesis de la reunión de coordinación de alto nivel sobre Venezuela” (Departamento de Estado de EE. UU., Oficina del Portavoz, 15 de febrero de 2022), es obligante señalar lo siguiente a los venezolanos y en especial a esa misma Comunidad Internacional:
1.- El régimen que detenta el poder en Venezuela actúa totalmente ajeno a cualquier doctrina política. Su sostenimiento, principalmente, se encuentra en el control absoluto de las armas dentro del país y en el apoyo cómplice y conveniente de específicos sectores de la comunidad internacional, los cuales, aún hacen esfuerzos desvergonzados para defender esta colosal estafa denominada “socialismo del siglo XXI”, urdida con la intención de socavar –todos ellos- los principios y valores democráticos en todo el globo, al más alto precio para la vida y dignidad de pueblo alguno en el tiempo presente. Frente a esto, la comunidad internacional ha recurrido a sanciones, confiscaciones y persecuciones de la justicia foránea, en comprensión clara de que estamos frente a una estructura corporativa que concilia los más inconfesables intereses, y que cada día sigue violando, sin pudor ni vuelta atrás, los más antiguos y mejor consensuados principios que han hecho posible el desarrollo del mundo civilizado hasta hoy. La cúpula del régimen que encabeza Nicolás Maduro no tiene pensado abandonar el poder en 2024, ni en fecha posterior. En consecuencia, esperar hasta 2024 en nada cambiará el criterio que les imponen sus asociaciones internacionales, sus crímenes, sus mal habidas fortunas, y su reproductiva adicción al ejercicio abusivo y tiránico del poder. Es perentorio encarar esta realidad y trabajar desde ya en el establecimiento de una solución pronta y concreta.
2.- Las conclusiones expresadas en la “Síntesis de la reunión de coordinación de alto nivel sobre Venezuela”, formuladas en el sentido de “reanudar urgentemente en México las negociaciones” para “llegar a un acuerdo sobre un organismo electoral independiente e imparcial, con la máxima autoridad sobre el proceso electoral, y de contar con un sistema judicial independiente e imparcial que actúe únicamente como garantes de las libertades políticas, como condiciones esenciales para celebrar un proceso electoral libre y justo en 2024”, están planteadas como alternativas válidas para un país con una grave crisis política, pero con una institucionalidad no corroída o deshecha (deslegitimada) en su totalidad, como no lo es el caso de Venezuela desde, al menos, 2017 (Instalación de una constituyente espuria, que no refundó la República, ni nos dio un nuevo Texto Constitucional). En efecto, desde 2017 todos los poderes públicos -exceptuando la Asamblea Nacional electa en 2015- y todos los procesos electorales subsiguientes, fueron desconocidos por el pueblo venezolano en dos Consultas Populares -2017 y 2020- y por la Comunidad Internacional (Resoluciones claras de la OEA y UE).
En tal virtud, las condiciones señaladas por los gobiernos de Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Panamá, Paraguay, Portugal, Suecia, el Reino Unido, la República Dominicana y la Unión Europea, en la referida Síntesis, no podrán cumplirse desde la fenecida Asamblea Nacional electa en 2015 (Su período venció el 5 de enero de 2021) o desde la ilegitima Asamblea Nacional electa en diciembre de 2020. Cualquier acuerdo en México -u otra parte- necesita de un ÓRGANO LEGÍTIMO, con capacidad constitucional para producir los nombramientos de autoridades judiciales y electorales que posibiliten una elección presidencial y parlamentaria antes de 2024. Éste es el principal señalamiento que hacemos desde ANCO a la Comunidad Internacional que apoya al pueblo venezolano.
3.- La “Síntesis de la reunión de coordinación de alto nivel sobre Venezuela”, en sus conclusiones, no pondera al menos dos (2) situaciones que tienen que ser apreciadas en toda su magnitud:
En primer lugar, el tiempo. Traducido en dos años más (2024) de devastación, muerte, éxodo, enfermedades, inflación, persecución, exacción, crímenes, impunidad y violación de Derechos Humanos en la vida de los venezolanos. Enfrentar esta tan evidente y delicada situación desde una asistencia humanitaria, solo constituiría un paliativo. Nuestro sufrimiento y nuestra dignidad reclaman que ahora mismo exista un desempeño gubernamental que atienda la ingente cantidad de demandas socioeconómicas presentes en nuestra multidimensional crisis, requiriéndose, entonces, un manejo soberano de nuestras riquezas y nuestro patrimonio, en manos de un Ejecutivo encabezado por figuras capacitadas, con respaldo nacional y ajenas a sospechas de orden ético.
En segundo lugar, la gente, el pueblo venezolano. Esto es, la Nación venezolana no puede volver a esquemas representativos superados en nuestro ordenamiento jurídico y en el internacional, así como en la práctica democrática, esto último como principal producto de la revolución digital en el ámbito político. No contemplar la posibilidad del uso de las nuevas tecnologías aplicadas al cambio político en contraposición a tener que esperar a un hipotético desenlace electoral en 2024, para poder ejercer nuestra soberanía, comportaría una monumental lesión a nuestro derecho incuestionable de establecer el rumbo de nuestro tan desvencijado país y a restaurar, con nuestra participación protagónica, nuestra hoy venida a menos democracia.
Estas dos situaciones deben ser corregidas con la misma urgencia que reclama la comunidad internacional para la reconstitución del diálogo en México. La base fundamental de la legitimidad y sostenibilidad de cualquier acuerdo político, es la expresión clara de adhesión y compromiso de la base política y social de nuestra nación. Venezuela, luego de 23 años de acelerada confiscación del hecho democrático, no está para retrasar verdaderas soluciones, ni para reeditar acuerdos cupulares que, hoy como ayer, desbarrancaron los mismos principios y valores que desde cenáculos se declaraba proteger.
4.- La meta que divisa la “Síntesis de la reunión de coordinación de alto nivel sobre Venezuela”, esto es, una elección presidencial y parlamentaria en 2024, que haga retornar a Venezuela a los estándares democráticos del continente, requiere condiciones. Coincidiríamos en algunas: estabilidad institucional; adhesión popular de la solución; recuperación económica; recuperación de la paz social; recuperación de las relaciones internacionales, y su práctica en base a normas; nuevas autoridades electorales y reformas que incentiven y garanticen la participación electoral (comenzando por el éxodo); recuperación de los partidos (Modernización, democracia y legalidad internas); recuperación del control territorial; regreso a los principios y valores de nuestra tradición republicana. Llegar a ese punto que garantice una solución y no un despeñadero, exige la verificación de un proceso de restablecimiento constitucional y democrático que excede los 30 días señalados por el artículo 233 constitucional.
También, hemos de observar -y atender- que la elección presidencial ordinaria del 2018 se estaría celebrando en 2024, es decir, seis (6) años después. Serían seis (6) años para preparar unas elecciones bajo el imperativo político y moral de no hacerlas en las mismas condiciones de 2018, 2020 o 2021. De esos seis (6) años, ya nos consumimos tres (3) entre diálogos, negociaciones, participaciones y abstenciones. “Solo un muy reducido número de venezolanos que tienen asegurados sus tres golpes (desayuno, almuerzo y cena) y su bolsillo lleno, pueden sentarse a contemplar con tranquilad si Venezuela supera o no su crisis en 2024; para millones de venezolanos, esperar es pecado de muerte”.
5.- Con y por la fuerza de estas verdades, desde la Alianza Nacional Constituyente Originaria (ANCO) hemos propuesto, ante el país y la comunidad internacional, la tesis de abordar la superación de los nudos de nuestra crisis constitucional, política y democrática, a través de una ASAMBLEA CONSTITUYENTE ORIGINARIA, figura de expresa previsión normativa constitucional, que puede ser llevada a cabo, por su mencionado carácter originario, al margen del poder constituido. Dicho proceso requiere del mismo esfuerzo y del mismo acuerdo que demanda la realización de elecciones justas y verificables en 2024, solo que nuestro planteamiento no sucumbe ante la pregunta acerca de cuál ilegitima autoridad (AN 2015 o AN 2020) nombraría un Poder Judicial y un Poder Electoral que faciliten la expresión soberana del pueblo bajo esas exigencias (justas y verificables), ya que, ocurriríamos a los poderes creadores del pueblo venezolano (Preámbulo constitucional), a su soberanía popular (Art. 5 constitucional), a su iniciativa constituyente (Art. 347, 348 y 349 constitucionales) y a la participación ciudadana (Art. 70 constitucional) para su organización y celebración, todo en el marco del restablecimiento constitucional demandado a la ciudadanía -investida de autoridad o no- por el artículo 333 de nuestra Magna Carta. Igualmente, mediante referendo organizado por una autoridad electoral ad hoc, se aprobarían las Bases Comiciales y, posteriormente, se elegirían los integrantes de dicha Asamblea. Ambos eventos serían bajo cronograma de rápida verificación (todo en 2022), con votación y escrutinio manual, verificación tecnológica y amplia observación internacional.
La instalación de una Asamblea Nacional Constituyente de carácter originario nos permitiría, en este mismo año 2022, fundamentados en el pluralismo político (Bases Comiciales), utilizando las herramientas de la política y la diplomacia para generar solidas garantías, alcanzar la integración de un gobierno de transición que atienda -con el apoyo de todos- las urgentes e ingentes necesidades del pueblo venezolano; designar autoridades judiciales y electorales; renovar el Poder Moral; recuperar el control territorial bajo intervención constitucional de la Fuerza Armada; restablecer las relaciones internacionales de la República; recuperar el control soberano de nuestras riquezas y patrimonio; sentar las bases de la REFUNDACIÓN DE LA NACIÓN (Planteamiento de la Conferencia Episcopal Venezolana); y, redactar un nuevo Texto Constitucional, acorde con los más excelsos aportes de nuestra tradición republicana, y con base a los nuevos paradigmas que ha de fijar la nación venezolana para su mejor destino en lo porvenir. Cumplido lo anterior, todo quedaría servido y robustecido para la elección presidencial y parlamentaria en 2024.
ANCO ha defendido la implantación, entre todos (“juego que juguemos todos”), de este proceso que ya se va conociendo como “LA REFUNDACIÓN CONSTITUYENTE”, el cual, tendrá a una plural y genuina Asamblea Nacional Constituyente como centro e inicio inmediato de una acción correctora de las principales desviaciones que observa y padece la nación; de una gran acción transformadora de la República; y, de un gran protagonismo ciudadano; acciones estas que quedarán inscritas como resultados positivos y concretos de este momento amargo de la historia de nuestro pueblo. Con la ayuda del Altísimo y mucha determinación, podremos lograrlo.
¡QUE EL PUEBLO DECIDA!
“En una palabra, mi querido general, yo no conozco más partido de salud, que el de devolver al pueblo su soberanía primitiva para que rehaga su pacto social. Vd. dirá que esto no es legítimo: y yo, a la verdad, no entiendo qué delito se comete en ocurrir a la fuente de las leyes para que remedie un mal que es del pueblo y que sólo el pueblo conoce. Digo francamente que si esto no es legítimo, será necesario a lo menos, y, por lo mismo, superior a toda ley: pero más que todo es eminentemente popular, y, por lo mismo, muy propio de una república eminentemente democrática.”
Simón Bolívar
Carta dirigida a Santander, octubre de 1826
Alianza Nacional Constituyente Originaria (ANCO)
Caracas, Venezuela, 22 de febrero de 2022
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