La
Alianza Nacional Constituyente Originaria (ANCO) a la Nación y Administración
del presidente Donald Trump, ante el Proceso de Control y Asignación de Divisas
a la Economía Nacional
La Alianza Nacional Constituyente Originaria (ANCO), organización legítima de la sociedad civil, expresa de
manera firme y pública la urgencia de priorizar una solución inmediata a la
profunda crisis generada por el actual régimen de control y manejo discrecional
de las divisas en Venezuela, que afecta negativamente a los sectores medianos,
pequeños empresarios, productores, y muy especialmente al consumidor.
ANCO, consecuente
con su conducta de apoyo y solidaridad
a población venezolana, sumida hoy en graves condiciones de subsistencia, eleva
un serio firme llamado a la responsabilidad que tiene la dirigencia nacional y a
la administración del presidente Donald Trump sobre esta indeseable situación que
dichos sectores padecen y que evita en gran medida el deseo de estabilización
que se aspira concretar dentro el plan de tres etapas de Estabilidad,
Recuperación-Reconciliación y Transición, propuesto y que se implementa en
el país. Es una exigencia formal e impostergable ofrecer una respuesta al
clamor ciudadano frente al severo agravamiento de la crisis económica, social y
de servicios públicos que afecta y sufre dramáticamente la vida de los
venezolanos.
Resulta inaceptable e irresponsable
que, ante la compleja realidad que padece Venezuela, la clase política
tradicional está más enfocada en agendas electorales particulares que en las
urgencias sociales y económicas del ciudadano de a pie. Los planes discutidos
en las dinámicas políticas actuales no resuelven la crisis estructural del
país; por el contrario, las mantienen y nos siguen sumergiendo en una espiral
inflacionaria que emula los peores momentos del modelo económico chavista-madurista
previo.
Tras los acontecimientos del pasado
3 de enero, se han venido gestando cambios económicos que, lejos de masificar
el bienestar, solo benefician a una minoría privilegiada, con el agravante de
que todo ocurre bajo un manto de aparente legalidad. Esta situación es
semejante, e incluso peor, a las nefastas y recordadas experiencias de
corrupción de las instituciones estatales RECADI y CADIVI, creadas para
administrar los controles de cambio de divisas, centralizando la compra y venta
de moneda extranjera, marcados por la escasez, la fuga de capitales y graves
escándalos de corrupción.
Actualmente, coexisten tres tipos de
cambio que distorsionan gravemente el mercado nacional:
·
El
dólar preferencial: Un
mecanismo exclusivo al que solo tienen acceso grandes empresas privadas
conectadas con la banca internacional. Este beneficio cambiario discrecional,
restringido a una élite corporativa, genera severas asimetrías en los sectores
productivos y de consumo.
·
La
tasa oficial del BCV (aproximadamente 595 Bs./$ al 16-06-26): Una referencia impuesta por el Estado que termina siendo un
engaño para la población. Aunque los comercios están obligados por ley a vender
sus productos bajo este valor referencial, el flujo real de la economía se rige
por otra lógica o practica compensatoria.
·
El
mercado paralelo o negro (aproximadamente 800 Bs./$ al 16-06-26): El valor real de reposición de inventarios. Este mercado
presenta un diferencial cambiario de 205
Bs./$, que se transfiere directamente al consumidor final, alimentando un
perverso proceso especulativo e inflacionario que actualmente se ubica en el
orden del 110%, en lo que va de año.
Esta brecha cambiaria genera una
asimetría perversa. El pequeño y mediano comerciante al no tener acceso al
dólar preferencial ni a la banca internacional, se ve obligado a vender
legalmente a la tasa del BCV (595 Bs./$), pero debe acudir forzosamente al mercado
paralelo (800 Bs./$), para adquirir
las divisas necesarias para pagar a sus proveedores. Para intentar defenderse
de esta asfixia económica, el comerciante traslada el diferencial al precio
final, camuflándolo incluso en moneda extranjera. Al final de la cadena, el
golpe más duro lo recibe el ciudadano común, cuyo salario ya de por sí
insuficiente se pulveriza día a día.
Toda esta absurda situación cuya
justificación no se conoce y en todo caso perjudica seriamente la cotidianidad
económica de los venezolanos en general, parece formar parte de una estrategia
deliberada para desvirtuar las dinámicas económicas y los flujos de divisas que
ingresan al sistema financiero. Aunque se argumente que la inyección semanal de
dólares busca destrabar el sistema, la realidad es que grandes empresarios
mantienen sus capitales fuera del país y liquidan sus compromisos internos en
bolívares. Toda esta dinámica cambiaria históricamente ha servido para
enriquecer a una élite corporativa y política, -los que acceden al dólar a 570 Bs/$- destruyendo al comerciante común que
debe abastecerse a 800 Bs/$; mientras el consumidor, el pueblo, asume el
incremento de los costos pulverizando el ya inexistente salario.
Esta deliberada practica cambiaria
sabotea el acceso al dólar preferencial para el resto de los actores económicos,
de la población que lo requiera y genera un caos absoluto en el mercado
interno. Si bien es cierto que con esta práctica cambiaría el índice de
inflación macroeconómico de las grandes corporaciones ha bajado
sustancialmente, también sustancialmente en la microeconomía se ha incrementado,
afectando al mediano y pequeño empresario y consumidor final que no ve mejorar
su crítica situación económica proveniente de los beneficios del incremento de
la producción y precios del mercado petrolero, principal generador de divisas
del país.
Para superar esta crisis y
devolverle la normalidad a la economía, las soluciones estructurales son claras
y requieren de una firme y decidida voluntad política para ejecutarlas. En tal
sentido, estas medidas deben ser asumidas inicialmente por un gobierno de transición
integrado por venezolanos probos, tecnócratas con acreditada experticia en la
gerencia publica, sin compromisos
con grupos políticos ni económicos, ni a intereses subalternos de otra
índole y si comprometido con la reinstitucionalización y reconstrucción del
país; gobierno de transición con amplios poderes, ajeno a futuros cálculos
políticos y previo a un proceso de elecciones libres, transparentes y
democráticas.
Este gobierno de transición, además
de iniciar la reinstitucionalización y reconstrucción nacional, debe cumplir con
las siguientes e indispensables medidas económicas para frenar la creciente
inflación del 110% anual actual, reactivar el crédito bancario inexistente para
incentivar la producción, el comercio, las fuentes de trabajo y salarios dignos
en el país, por tanto debe:
1.
Eliminar
definitivamente el control de cambio,
para generar verdadera confianza en la moneda nacional y garantizar la
estabilidad cambiaria de forma drástica.
2.
Reducir
el encaje legal, para que la
banca nacional pueda reactivar su cartera crediticia, dinamizando así el
aparato productivo y comercial del país.
3.
Resolver
el problema económico,
abriendo múltiples fuentes de trabajo en el sector privado y otorgando
facilidades al emprendimiento, lo que fortalecerá y garantizará una solución
real al problema económico y social nacional.
4. Reducir
el gasto público, eliminando
o privatizando empresas del estado que no son productivas, al igual los
numerosos ministerios e instituciones injustificadas e ineficientes, con elevadas
y onerosas cargas burocráticas.
La
gran mayoría de la nación es consciente de que la crisis es profunda y grave,
que se requiere de firmes políticas y decisiones sin atender a otros
privilegios que no sean los de la nación. Sabemos que existen sectores
políticos y económicos, tanto dentro del régimen como en sectores de la
oposición, que privilegian su continuidad para incrementar su control político
y económico sobre la nación, al que no deben acceder. Esta realidad también atenta
directamente contra la política de Estabilidad, Recuperación-Reconciliación
y Transición implementada por la administración del presidente Trump.
ANCO
se presenta como un actor alineado con la presión internacional, exigiendo que
los recursos no terminen en manos de agentes
del régimen, "opositores complacientes" o "empresarios que
juegan a doble banda." Por ello, llamamos la atención sobre esta
anomalía y el mal manejo de los recursos nacionales administrados por dichas
minorías privilegiadas, gubernamentales o no, lo cual va en severo detrimento
de la calidad de vida de los venezolanos y de la propia política tutorial
iniciada el 3 de enero del presente año.
Ha sido conducta reiterada de ANCO respaldar e impulsar soluciones
estructurales a los grandes problemas que padece la nación. De allí que
ratifiquemos nuestra propuesta de un Gran Cambio al modelo político,
administrativo y constitucional actual, como la única vía real para
garantizar un futuro de libertad, justicia y prosperidad para Venezuela.
¡QUE
EL PUEBLO DECIDA!
“En una palabra, mi querido general, yo no
conozco más partido de salud, que el de devolver al pueblo su soberanía
primitiva para que rehaga su pacto social. Vd. dirá que esto no es legítimo: y
yo, a la verdad, no entiendo qué delito se comete en ocurrir a la fuente de las
leyes para que remedie un mal que es del pueblo y que sólo el pueblo conoce.
Digo francamente que, si esto no es legítimo, será necesario a lo menos, y, por
lo mismo, superior a toda ley: pero más que todo es eminentemente popular, y,
por lo mismo, muy propio de una república eminentemente democrática.
Simón Bolívar. Carta dirigida a Santander,
octubre de 1826
ALIANZA
NACIONAL CONSTITUYENTE ORIGINARIA, ANCO
Caracas, 17 de junio de 2026
0 Comentarios