Mensaje de respaldo a
la Conferencia Episcopal Venezolana y rechazo a la violación de los Derechos
Humanos en Venezuela
La Alianza Nacional Constituyente ANC, hace suya, ratifica y
se solidariza plenamente con la posición expresada por la Conferencia Episcopal
Venezolana en su extraordinaria Exhortación del 12 de enero del presente,
donde, no solo caracteriza acertadamente de “panorama negativo y desolador”
la situación actual del país, sino que reiteran
las palabras del papa Francisco del 8 de enero del presente: "Pienso especialmente en la querida
Venezuela, que está atravesando una crisis política y humanitaria, cada vez más
dramática y sin precedentes...".
Nos merece especial atención la
aseveración, entre tantas otras de igual o mayor trascendencia, al señalar que "La raíz de los problemas (del país)
está en la implantación de un proyecto político totalitario, empobrecedor,
rentista y centralizado que el gobierno se empeña en mantener" y en ese sentido señalan los obispos de Venezuela
que la “La
Asamblea Nacional Constituyente es inconstitucional e ilegítima en su origen y
en su desempeño… que pretende erigirse
en un supra poder con funciones ejecutivas y judiciales” y que la "Ley
contra el Odio y la Intolerancia", nacida de la misma Asamblea, criminaliza toda manifestación en su
contra y propicia la multiplicación y difusión de toda clase de rumores y
especulaciones, cuyo efecto es
consolidar un control absoluto de actividades y provocar el miedo y la
autocensura.
Así
mismo señala el documento de las
dificultades de entendimiento entre el gobierno y la oposición y acto seguido,
tal y como nosotros en la Alianza Nacional Constituyente lo ha venido proponiendo al país, plantea la Conferencia
Episcopal Venezolana la exigencia de que sea el pueblo el que… asuma su vocación de ser sujeto social con
sus capacidades de realizar iniciativas como, por ejemplo, que la sociedad
civil lleve adelante una consulta para señalar el rumbo que quiere dar a la
nación como prevé nuestra Carta Magna (Cfr. Art. 71). Si se negara este derecho
o se entorpecieran las iniciativas para concretarlo, sólo quedarían dos
posibilidades: pérdida definitiva de la
libertad, con todas sus consecuencias, o acciones de resistencia y rebeldía
contra el poder usurpador. Es el
pueblo organizado quien tiene la última palabra. Y que “No
habrá una verdadera solución de los problemas del país hasta tanto el pueblo no
recupere totalmente el ejercicio de su poder.”
Se
indica que el dialogo es necesario en condiciones distintas a las que hasta
ahora se han establecido, y que toda
negociación ha de fundamentarse en la integridad de los negociadores, en
objetivos claros y en una agenda preestablecida y conocida, para que pueda
gozar de la confianza y credibilidad de la población. Y señala: “Ante la dramática situación que afecta a
todos, especialmente a los más pobres, hay dos actitudes: la conformista y
resignada, de quienes quieren vivir de las dádivas, regalos y asistencialismo
populista del gobierno y otra, la de quienes, conscientes de la gravedad de los
problemas, buscan instaurar unas condiciones de verdad, justicia e inclusión,
aún a riesgo del rechazo y la persecución. La actitud de resignación es
paralizante y en nada contribuye al mejoramiento de la situación. Lo positivo y
lo eficaz es el compromiso, la esperanza y la solidaridad. ¡Despierta y reacciona, es el momento!, lema
de la segunda visita de san Juan Pablo II a Venezuela (1996),”
Aparte
de adherirnos a la exhortación episcopal, también la Alianza Nacional
Constituyente, ANC, se solidariza con la Iglesia Católica y apoya toda iniciativa
contra la pretendida criminalización de parte del régimen contra Mons. Antonio
López Castillo, Arzobispo de Barquisimeto y Mons. Víctor Hugo Basabe, Obispo de
San Felipe, al querer aplicarles la inconstitucional Ley contra el Odio y la Intolerancia, ante sus orientadoras y
acertadas palabras recogidas efusivamente por millones de venezolanos que las
oímos, emitidas en las homilías del día de la Divina Pastora, amenaza que es… una prueba más de que dicha ley está
concebida para aplicarla y criminalizar a todo aquel que le cause malestar al
gobierno y sus postulados.
Igualmente,
la Alianza Nacional Constituyente, ANC, hace
manifiesto ante la opinión pública nacional su firme rechazo ante la despiadada
e inhumana conducta que condujo al régimen de Nicolás Maduro, a cometer el cruel y monstruoso crimen en contra
un grupo de venezolanos
opositores al régimen encabezados por el fallecido ex Inspector del
CICPC, Oscar Pérez, que a pesar de haber manifestado de manera pública y comunicacional, entregarse
a los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana FANB, fueron igualmente ejecutados en una acción
bélica desproporcionada de la que fue testigo la nación y la Comunidad
Internacional; hecho que reafirma el carácter violatorio a los derechos humanos
y políticos de los venezolanos y al ordenamiento constitucional y legal
vigente, reafirmando la abominable práctica de
ejecuciones extrajudiciales, sumarias o
arbitrarias, del régimen, violando el
derecho a la vida establecido en el art. 3, de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a
la libertad y a la seguridad de su persona”. y al Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos,
art.
6, 7 y 8 que no solo establece: “ Nadie
podrá ser privado de la vida arbitrariamente.”, sino también diversas
salvaguardas que garantizan un juicio justo e imparcial. Instrumentos
legales suscritos por la Republica y de obligatorio cumplimiento.
Ante estos hechos manifestamos que:
1.
La Alianza Nacional
Constituyente, reafirma su decidido propósito de concretar desde la Sociedad
Civil Venezolana “que el pueblo venezolano decida”, en ejercicio de la
Soberanía Nacional y del Poder Originario en una Consulta Popular, cual ha de ser el rumbo y la solución que el país
requiere, dentro de un espíritu de unidad, paz y reconciliación, haciendo suyo
la exhortación de la Conferencia Episcopal Venezolana en referencia y ratifica
el llamado a los venezolanos de rechazar
con firmeza todo despropósito del régimen de criminalizar, el ejercicio libre y
democrático de toda iniciativa referida a nuestros derechos humanos y políticos
y las contenidas en nuestra constitución y leyes de la república.
2.
La Alianza Nacional
Constituyente, ANC, exige que los órganos competentes y en especial la Asamblea
Nacional, la legitima Fiscalía General de la Republica y el legítimo Tribunal
Supremo de Justicia en el exilio, abran la averiguación exhaustiva de los hechos ocurridos en El
Junquito en fecha 15 de Enero de 2018 y se haga justicia con los responsables directos e indirectos de
estos abominables hechos. Igualmente abogamos a la solidaridad internacional
para que a instancias internacionales se
profundice las sanciones que en todo sentido se deriven de esta cruel actitud e
inhumana conducta.
ALIANZA NACIONAL CONSTITUYENTE.
Caracas 20 de Enero de 2018
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